PJE e Instituto Registral suman esfuerzos para proteger a las familias chiapanecas

Juan Carlos Moreno Guillén impulsa acciones para la aplicación del Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas

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Comunicado/Tuxtla Gutiérrez

Proteger el derecho a recibir alimentos es cuidar el bienestar de infancias, adolescencias y de quienes dependen de ese apoyo en su vida diaria. En ese contexto, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, suscribió un convenio de colaboración con la directora general del Instituto Registral del Estado de Chiapas, Adriana Mercedes Ramos Díaz.

El magistrado presidente señaló que el convenio tiene una especial relevancia e implica una gran responsabilidad, ya que deriva de una iniciativa gestada desde el Poder Judicial, y establece los mecanismos para la expedición de la constancia de no inscripción en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, y dentro de la gama de obligaciones que presenta, destacan que para la compraventa y donación de bienes, se debe estar al corriente con sus pensiones alimentarias.

Asimismo, Moreno Guillén agradeció la voluntad y participación del Instituto para materializar este esfuerzo, realizando las adecuaciones pertinentes como autoridades, y añadió que desde la casa de la justicia se pondrá en operación y mantendrá actualizado el registro, con el propósito de garantizar que las niñas, niños y adolescentes, hijas e hijos de personas morosas alimentarias, puedan acceder a la justicia.

Por su parte, la directora Ramos Díaz agradeció la voluntad del magistrado presidente por hacer posible esta firma de colaboración, con la cual, como una institución que trabaja en una dimensión social, ponen sus capacidades al servicio del fortalecimiento de la justicia y a la protección de los derechos de las familias chiapanecas.

Con estas acciones, el magistrado presidente Juan Carlos Moreno Guillén impulsa medidas concretas para respaldar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, que redunden y tengan eco en diversos ámbitos de la vida pública, para hacer efectiva la protección de este derecho en favor de las familias chiapanecas.

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