Agencia Excélsior|Ciudad de México
Indignados, temerosos y con calles semivacías, los guatemaltecos vivieron el lunes el primer día de un estado de sitio decretado por el gobierno tras el asesinato de nueve policías a manos de pandilleros, contra quienes ahora exigen el máximo castigo.
El miedo se disparó entre los habitantes de la capital y sus localidades vecinas, donde el domingo se registraron varios ataques contra instalaciones policiales y patrullas, en represalia por la retoma de tres cárceles en las que jefes pandilleros mantenían como rehenes a 46 personas.
“Es preocupante porque no se puede salir tranquilo sin que pase algo”, dijo el lunes Alondra Flores, estudiante universitaria de 26 años.
Nueve agentes, entre ellos dos mujeres y varios de reciente graduación, murieron en estos atentados.
Ataques coordinados y exigencias criminales
Las autoridades afirman que los ataques contra la policía y los motines en tres prisiones buscaron presionar el traslado de Aldo Dupie, alias El Lobo, un líder de la temida pandilla Barrio 18, a una cárcel de menor seguridad.
Dupie es señalado como el responsable de orquestar los motines. El domingo fue mostrado en televisión rodeado de agentes con armas largas, jadeante, arrodillado y con manchas de sangre.
También “exigía que en el pabellón donde estuviera preso se instalara aire acondicionado, que se le permitiera ingresar una cama king size y comida de ciertos restaurantes”, denunció el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
Para el maestro Erwin Oliva, esos privilegios otorgados en el pasado por gobiernos “permisivos” envalentonaron a los criminales.
“Se está cosechando lo que se ha sembrado durante tantos años: darles privilegios a los pandilleros y tenerlos cómodos dentro de las cárceles”, lamentó.
Presidente promete castigo
Dupie está condenado por varios homicidios y, según la prensa local, mantiene estrechos vínculos con una familia de políticos.
Barrio 18 fue declarada el año pasado organización terrorista por el presidente estadunidense Donald Trump, junto con su rival, la Mara Salvatrucha.
Ambas pandillas operan también en Honduras y El Salvador, donde el gobierno de Nayib Bukele ha logrado someterlas mediante una estrategia de mano dura, aunque criticada por organizaciones de derechos humanos.
En medio de escenas desgarradoras, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, encabezó el lunes el funeral de siete de los policías asesinados, realizado en la sede del Ministerio de Gobernación.
Abrazó a varios familiares y, visiblemente conmovido, pronunció un discurso frente a los féretros de quienes llamó “héroes”.
“Hay indignación por la crueldad de quienes están dispuestos a matar a quemarropa y de forma traicionera. No vamos a descansar ni a escatimar recursos para castigar a los responsables”, afirmó el mandatario, quien denunció que detrás de las pandillas operan poderosas mafias políticas a las que prometió derrotar.
Arévalo decretó el estado de sitio la noche del domingo por un periodo de 30 días.
La medida autoriza detenciones e interrogatorios sin orden judicial y suspende los derechos de reunión y manifestación, aunque el lunes aún no se observaba un aumento en los patrullajes.
El presidente también declaró tres días de luto nacional, por lo que la bandera guatemalteca ondeó a media asta en Gobernación y otros edificios públicos. Los empleados del Poder Judicial tampoco laboraron por orden gubernamental.
Medidas radicales y advertencias
Como medida preventiva, la Policía recomendó a la población permanecer en casa, mientras que el Ministerio de Educación suspendió clases en escuelas privadas —las públicas están en periodo vacacional— y la embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos.
Algunos colegios optaron por impartir clases virtuales.
Se prevé que los operativos de seguridad aumenten en los próximos días con la coordinación de fuerzas policiales y militares.
Sentado en una banca del Centro Histórico de Ciudad de Guatemala, un hombre de más de 80 años dijo apoyar el estado de excepción, aunque exigió medidas más radicales.
“Hay que volver a los tiempos de antes. Delincuente agarrado, delincuente muerto, porque ya no hay de otra. Si no se le pone freno a esto, va a continuar”, expresó, quien por temor prefirió reservar su identidad.
El estado de sitio decretado por el presidente Bernardo Arévalo se sustenta en el artículo 138 de la Constitución de Guatemala y en la Ley de Orden Público, que permiten esta medida cuando existen “graves perturbaciones de la paz”.
Según datos oficiales del Ministerio de Gobernación, citados por Excélsior (edición internacional, septiembre de 2024), durante los primeros nueve meses del año Guatemala registró más de 3 mil 100 homicidios, y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha están vinculadas a alrededor del 40% de los crímenes violentos en áreas urbanas.
En estados de sitio anteriores —como el aplicado en 2019 en municipios de Izabal—, la Procuraduría de los Derechos Humanos documentó más de mil 200 detenciones, de las cuales cerca del 30% fueron liberadas posteriormente por falta de pruebas, un antecedente que ha llevado a organismos nacionales e internacionales a advertir sobre el uso proporcional y temporal de estas medidas excepcionales.
