Agencia Excélsior|Ciudad de México
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la empresa minera Grupo México deberá asumir el costo del saneamiento del Río Sonora, en donde el 14 de junio de 2013 ocurrió un derrame de sulfato de cobre que contaminó ese cuerpo de agua y sus afluentes.
“Todo esto tiene que pagarlo la empresa. Se está trabajando para ver exactamente todo y después, en comunicación con la empresa para que acuerden un convenio, en donde las comunidades también estén de acuerdo y ahí ya vendrán los tiempos.
“Todos lo que han pedido las comunidades lo hacemos nuestro para poder exigírselo a la empresa y estar cerca de las comunidades para que realmente se cumpla todo aquello que piden”, expuso Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.
Afirmó que se busca que la empresa cumpla con esa tarea de remediación del derrame a lo largo del Río Sonora, así como de las afectaciones provocadas en las comunidades por donde atraviesa el cauce.
Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente dijo que se trabaja en el proceso de remediación del Río junto con la empresa, las comunidades ribereñas, y el gobierno de Sonora, y parte de ello contempla dragar parte del Río, es decir retirar los sedimentos.
“Tres cosas queremos resolver. Uno, salud, que se complete el hospital, donde hay un centro toxicológico, que le hagan exámenes a toda la población, a 24 mil personas, y que haya seguimiento. Segundo, agua. Treinta plantas potabilizadoras, en este momento está el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua resolviendo un problema que tuvieron con una potabilizadora, pero queremos que se les instalen 30”.
“Y tercero, el saneamiento, que significa realmente sacar los sedimentos del río” (…) “Y poderlo depositar en sitios realmente que tengan las capacidades para estar totalmente aislados”, puntualizó Bárcena.
El derrame provino de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, fue de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre hacia un arroyo y de ahí al río Bacanuchi y al Río Sonora.
Debido a la contaminación de los cuerpos de agua, se ordenó el cierre de 322 pozos y norias localizadas a una distancia menor de 500m de las márgenes de los arroyos y ríos, afectando dramáticamente la actividad económica de la región.
