Comunicado|Tuxtla Gutiérrez
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en aras de mejorar los procesos de clasificación y custodia de los documentos judiciales, llevó a cabo la reinstalación del Grupo Interdisciplinario de Archivo Judicial, celebrando su primera sesión, en donde se presentó a sus integrantes, a quienes se les tomó protesta.
Este Grupo Interdisciplinario se encargará de analizar y emitir recomendaciones técnicas referentes a la disposición documental y coadyuvará en el análisis de los procesos y procedimientos institucionales que den origen a la documentación generada por los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas.
Durante esta primera sesión estuvo presente el presidente del Pleno de Distrito, el magistrado Mario Antonio Ruiz Coutiño, quien les exhortó a conducirse de manera profesional y a seguir trabajando en la mejora continua que abone a la administración de justicia.
Por su parte, el director del Archivo Judicial y presidente de este Grupo Interdisciplinario, Daniel Alejandro Torres Marroquín, manifestó que con esta reinstalación el trabajo archivístico se reforzará y se realizará con el debido cuidado y respeto que se merecen las personas que están en algún proceso judicial.
El Grupo Interdisciplinario de Archivo Judicial quedó conformado de la siguiente manera: como su presidente, director del Archivo Judicial, Daniel Alejandro Torres Marroquín; secretaría técnica, la directora de Asuntos Jurídicos, Jesús Andrea Ramírez Penagos; las y los vocales; el director de Programación y Presupuesto, José Ángel López Rodríguez; la directora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Guadalupe del Rocío Santos Acosta; el director de Desarrollo e Infraestructura Tecnológica, Iván Arael Farrera Díaz; el magistrado Rigoberto Bernardino Montoya García, la jueza Karina Yadira Martínez Escobar y el juez Adolfo Guerra Talayero.
Con estas acciones, el Poder Judicial asegura el acceso oportuno a la información, logrando la eficiencia en la gestión documental, privilegiando el acceso a la información pública como un derecho humano, en igualdad de condiciones y en estricto apego al Estado de Derecho.
