David Martínez|Ciudad de México
Posterior a la reforma constitucional al Poder Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que todo el procedimiento legislativo se actuó de conformidad a la Constitución, por eso no hay fundamento legal para objetar esta reforma, señaló.
Durante su conferencia matutina, López Obrador pidió a los constitucionalistas o al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM sobre la forma en que aprobó la reforma al Poder Judicial. Se darán cuenta que el artículo 135 de la Constitución fija las reglas para cambios constitucionales que obliga a hacerlo con mayoría calificada en ambas Cámaras y por 17 congresos locales.
“Solamente que no hubiese mayoría calificada o que en la mayoría de las legislaturas locales se hubiese rechazado o que el titular del Ejecutivo no hubiese publicado la reforma. Ya todo se hizo, ya está en vigor. La reforma ya salió adelante y qué bueno.”
Más adelante, López Obrador reiteró sus críticas contra la operación del Poder Judicial que “era una asociación delictuosa de componendas y complicidades. Los jueces, magistrados y ministros, igual. Se sentían tan poderosos que aún cuando se empiezan a hacer las denuncias en vez de modificar su actuación, de llevar a cabo reformas, se corrompieron más.
Aseguró que desde que llegó Norma Piña a la presidencia de la SCJN fue peor porque para congraciarse con los jueces, dijo que todos “son autónomos y pueden hacer lo que quieran. Todo esto para ganarse la simpatía de los jueces, para tener una base de apoyo a partir de esta relación mafiosa y a partir de ahi, a liberar delincuentes y crecieron los sabadazos».
En ese sentido, el ejecutivo federal dio varios ejemplos de varios casos de excesos en las decisiones del Poder Judicial un juez que rechazó girar orden de aprehensión contra el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio; el ministro Luis María Aguilar que mientras obstaculizaba la distribución de libros de texto, por otro lado detuvo el expediente de un empresario que tiene un adeudo multimillonario de 35 mil millones de pesos que hasta ahora, indebidamente, no ha resuelto la Corte.
Ahora un juez o dos ordenan que se detenga todo el proceso de reforma a la Constitución, que tiene que ver con la reforma judicial ellos como juez y parte. Sin ningún fundamento, muy lamentable proceder. Son merecedores a juicios políticos, pero para que es mejor que se sepa cómo están actuando.
