Rodrigo González|Ciudad de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que la cantidad de privilegios laborales que tienen las y los magistrados hacen obligatoria una reforma al Poder Judicial. Para ello se requiere una mayoría calificada en el próximo congreso, porque se requiere reformar la Constitución.
Insistió en que se apruebe una reforma constitucional por parte del pueblo, porque, subrayó, no está dispuesto a aplicar la estrategia que tuvo Ernesto Zedillo al limpiar la integración de la Corte, pero pagándoles todos los privilegios de por vida.
En ese sentido, el presidente acusó que el rechazo al denominado Plan B, que, entre otros aspectos, pretendía reducir los excesos en las condiciones laborales de los integrantes del Instituto Nacional Electoral.
Y lo rechazaron, estimó el mandatario, porque ellos están en las mismas condiciones de violar la Constitución ganando más que el presidente, pues perciben 300 mil pesos mensuales, el doble del salario presidencial. “Sería bueno que explicaran porque no violan la Constitución, ¿cuál es la excusa?, o ¿de qué privilegios gozan en el marco legal? Que lo informen ya. Más adelante, cuestionó: “como un impartidor de justicia va ganar 600 mil pesos mensuales, en su conjunto (incluidos todos los beneficios que reciben) en un país con tanta pobreza (….) son unos abusivos, ventajosos”.
A partir de ahí, desglosó todos los ingresos acumulados de los que gozan los ministros, violando las disposiciones de austeridad que ya rigen en los poderes Ejecutivo y Legislativo.
De entrada, 14 fideicomisos por un monto acumulado de 20 mil millones de pesos (sería bueno que estos recursos se destinaran a becas para estudiantes de escasos recursos) para financiar todos los excesos; aguinaldos de 588 mil pesos. “Para que vean que no hay estado de derecho, como sostienen los abogados leguleyos, huizacheros, que están defendiendo a los jueces, ministros y magistrados”.
Tienen primas vacacionales de 95 mil pesos al año; dos periodos vacacionales que suman un mes; fondo para comer en restaurantes de lujo por 723 mil pesos anuales; comedor especial en las instalaciones de la Corte donde pueden pedir hasta bebidas alcohólicas; un presupuesto de 5.5 millones anuales para contratar personal adicional al que labora para ellos en la SCJN; dos vehículos blindados Suburban que se les cambia cada año, con la posibilidad de quedarse las unidades que se les había asignado.
Pago por riesgo de trabajo de 640 mil pesos al año; apoyo por gasolina por 22 mil pesos mensuales; servicios de protección federal para automóviles; seis equipos de cómputo incluidos tres en sus domicilios donde se les paga Internet; seguro de gastos médicos mayores por 30 millones de pesos; pago por defunción de un millón 800 mil pesos.
“Tienen un presupuesto de 73 mil 723 millones de pesos para 2023. La presidencia ejerce al año 500 millones de pesos.
Este es el fondo del asunto, pero esto es el maiceo en general. Además, pues representan a grupos económicos y políticos, a la élite porque todo esto no es para proteger al pueblo, para hacer justicia en beneficio del pueblo, al contrario, es en contra del pueblo, para eso están. Díganme algo que hayan resuelto en beneficio del pueblo”, dijo.
Y añadió: “lo que me consta es que a mí me obligaban a que yo pagara a un particular mil 810 millones de pesos por lo del paraje de San Juan; cuando se les solicitó que se llevara a cabo una consulta para ver si se privatizaba el petróleo, ellos negaron la posibilidad, con una argucia legaloide; cuando se tenía que juzgar a responsables de la guardería ABC se protegió a los implicados; a las vivas porque los viernes en la noche liberan a los delincuentes; lo que me consta es que el mismo día que juzgaron a García Lina en Estados Unidos, ese mismo día le liberaron las cuentas a su esposa. Entonces para que todo eso, vuelvo a sostener, hace falta una reforma. Lo mejor es que lo haga el pueblo”.
