Rodrigo González|Tuxtla Gutiérrez
Desde la acostumbrada conferencia de prensa, la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró una restructuración en el pago del servicio de la deuda en 2025, a fin de que el próximo gobierno pague la mitad de los intereses de la deuda y no tenga las presiones financieras que «nosotros tuvimos cuando llegamos».
López Obrador explicó que se está actuando de manera responsable en materia económica y financiera para no dejar la economía prendida de alfileres, sino dejarle holgura al nuevo gobierno.
«No solo es el año que viene y el 2024, que en el 2025 no tengan presiones financieras, estamos actuando de manera muy responsable, ya estamos pensando hacia adelante y me acaba de enviar Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, que ya está resuelta esta restructuración financiera hasta 2024 pero buscamos que el próximo gobierno no tenga la presión», dijo, aunque el secretario de Hacienda dará pormenores de esta operación.
Al hacer un balance a cuatro años de gobierno, López Obrador sostuvo que hay buenos resultados y auguró: «el conservadurismo no tiene futuro en México. No tienen dirigentes» . Reivindicó que de acuerdo a la revista The Economist, el país ocupa la sexta mejor posición en cuanto al desempeño económico en 2023, México es una de las economías con mejores condiciones para la atracción de inversiones en el mundo.
Más adelante el presidente lamentó que las reformas constitucionales y legales en el sexenio pasado hayan privilegiado los intereses de las empresas privadas en el sector energético en detrimento de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Si bien destacó que no les dio tiempo para consumar el saqueo en el ámbito energético, dijo que se dejó un marco legal e institucional que amarra las manos al nuevo gobierno para revertir estas reformas encaminadas a privilegiar a la industria privada.
Aun cuando no en todos los organismos lograron colocar personas vinculadas a los intereses privados, en otros casos, como la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones sí lograron insertar en sus estructuras directivas a representantes de los monopolios o «actores preponderantes», como los definieron, para defender los intereses de monopolios a los que supuestamente iban a combatir.
A pesar de esto se ha logrado instrumentar políticas para dar prioridad a las empresas públicas, sin embargo, reconoció que históricamente los finales de cada administración son complejas por lo que se está tratando de anticipar para evitar conflictos.
