Comunicado|Tuxtla Gutiérrez
El Instituto de Defensoría Pública del Poder Judicial del Estado de Chiapas, que encabeza el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, así como titular del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Guillermo Ramos Pérez, continúa atendiendo a las y los chiapanecos, ponderando la atención de los sectores en situación de vulnerabilidad, para el ejercicio de la justicia en el estado.
En este sentido, y derivado de un convenio marco de colaboración y coordinación interinstitucional, el Instituto de la Defensoría Pública informó de la constante atención que se ha prestado en el transcurso del presente año, desde los Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) de la Fiscalía General del Estado, que se encuentran en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal y Tapachula.
A través del director del Instituto, Jorge Alberto Selvas Culebro, se dio a conocer que en el primer semestre de 2022 se brindó la asesoría a 1084 mujeres, así como la representación jurídica a 226 usuarias, quienes acuden a este espacio de servicio integral, para la atención de casos de violencia de género en contra de ellas o de sus hijas e hijos.
Selvas Culebro añadió, que desde la Unidad Técnica para la Atención de los Derechos de la Mujer de la Defensoría Pública, las defensoras comisionadas a los Cejum, trabajan con empatía, mediante una perspectiva de género y acorde a lineamientos de estándares nacionales e internacionales para la prevención de la violencia contra las mujeres, para que este sector tenga asegurado el acceso a la justicia.
Asimismo, destacó que después de la pandemia de salud y la reincorporación del personal a las actividades presenciales, se concluyó con las asesorías telefónicas, sin embargo, se fortalecieron las labores en las Unidades y Subdirecciones de dicho Instituto, y muestra de ello, fue la atención brindada a 228 mujeres indígenas con representación y acompañamiento jurídico en distintas materias.
Con estas acciones, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, atiende a un reclamo social que surge desde la vida cotidiana de las mujeres, y garantiza la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial para el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de la población chiapaneca.